El 6 de julio de 2001 entró en vigor el Plan Hidrológico Nacional. En el punto 3 de su artículo 27 dice lo siguiente:
“Las Administraciones públicas responsables de sistemas de abastecimiento urbano que atiendan, singular o mancomunadamente, a una población igual o superior a 20.000 habitantes deberán disponer de un Plan de Emergencia ante situaciones de sequía. Dichos planes, que serán informados por el organismo de cuenca o Administración hidráulica correspondiente (…) deberán encontrarse operativos en el plazo máximo de cuatro años”.
Es decir, en julio de 2005 (cuatro años después, y hace 18 años), los planes de estas administraciones públicas tendrían que haber estado aprobados. La realidad es muy distinta.
La Marea ha repasado los Planes Especiales de Sequía de todas las demarcaciones hidrográficas, que se encuentran en consulta pública desde el pasado 30 de marzo de 2023. En ellos se informa de en qué momento están los planes de emergencia de cada uno de esos sistemas de abastecimiento a los que remite el Plan Hidrológico Nacional. Únicamente han sido informados favorablemente (y a muchos les resta la aprobación definitiva) 128 de los 214 que debería haber.
Pagamos impuestos ¿para qué? si en esto que es de vital y esencial importancia el 40% de las Administraciones locales no han cumplido con el plan hidrológico imaginaos con lo demás, para echarse a correr, pero aquí nadie pide responsabilidades a nadie y los políticos se echan la culpa unos o otros, pero eso si, a ninguno se le debe un euro de su nómina mensual, a ninguno, a los proveedores meses. trimestres, semestres e incluso años. El 40% de los municipios y mancomunidades no han hecho su trabajo en materia hidrológica pero si han cobrado por él puntualmente.
Y aquí no hay colores ni siglas sino competentes e incompetentes más expolio al erario público por trabajos pagados que no se han realizado, la fuente continúa:
¿Por qué hay tanta falta de cumplimiento?
Entre los factores que podrían explicar esta falta de cumplimiento de muchas administraciones locales, enumeran, podría citarse el hecho de que en ocasiones son municipios que superan la cifra de 20.000 habitantes, «pero no tienen la capacidad humana, técnica o de contexto institucional para desarrollar estos planes».
Pues vaya manera de priorizar tiene la administración en un tema tan vital, luego pasa lo que pasa siempre que el consumidor final paga la factura de la incompetencia y la corrupción política en la gestión de la administración pública. Luego hay 440 millones de euros aprobados deprisa y corriendo para publicidad institucional del Gobierno. Para la gestión del agua no, para publicidad oficial si.