Cierre de Telegram por orden judicial ¿y la libertad de todos a cambio de los derechos de tres empresas?

Cerrar un medio de comunicación entre personas dentro y fuera de un país como es una red social es una medida totalitaria y absolutamente desproporcionada, como todos sabemos en las RRSS hay de todo y se cometen un amplio espectro de acciones delictivas, por hechos muchos más graves que atentar contra la propiedad intelectual de los medios denunciantes MEDIASET, ATRESMEDIA y TELEFONICA / MOVISTAR no se ha cerrado ninguna red social, vamos ni entrar en cuestionamiento por un juez de instrucción.

¿Qué dice la ley al respecto de ceder datos a petición judicial a terceros?

“Se autorizan las cesiones de datos que se consideren necesarias para contribuir a la salvaguarda de la seguridad ciudadana, así como el acceso por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los sistemas instalados por las empresas de seguridad privada que permitan la comprobación de las informaciones en tiempo real cuando ello sea necesario para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales”.

Ahora bien esto está condicionado a:

Que quede debidamente acreditado que la obtención de los datos resulta necesaria para la prevención de un peligro real y grave para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales y que, tratándose de datos especialmente protegidos, sean absolutamente necesarios para los fines de una investigación concreta.
Que se trate de una petición concreta y específica; esto es, que no se trate de solicitudes masivas de datos.
Que la petición se efectúe con la debida motivación, acreditando su relación con los supuestos que se han expuesto.
Que los datos sean suprimidos cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento.
Por tanto, la policía deberá motivar siempre su petición, preferentemente por escrito (salvo en casos excepcionales de urgencia).

Como regla general, la policía puede recabar datos de carácter personal (como videovigilancia o geolocalización) para la investigación de infracciones penales, sin necesidad de autorización judicial, salvo cuando exista una norma que expresamente exija una autorización del Fiscal o Juez competente. Así sucede, por ejemplo, para el acceso al historial clínico del paciente, según prevé la Ley 41/2002 de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

El artículo 13.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM), que indica que «el juzgado podrá acordar, como primeras diligencias, de oficio o a instancia de parte, las medidas cautelares consistentes en la retirada provisional de contenidos ilícitos, en la interrupción provisional de los servicios que ofrezcan dichos contenidos o en el bloqueo provisional de unos y otros cuando radiquen en el extranjero»

“la falta de colaboración de las autoridades de islas Vírgenes —donde está domiciliada Telegram— a las que solo se les pide una actividad de comunicación a los responsables de la red social provoca que deban adoptarse las medidas cautelares solicitadas por las acusaciones particulares”

Con esto sobre la mesa el juez poder judicial tiene para tomar la medida tomada,  la legislación autoriza a la autoridad policial por orden judicial a pedir los datos a la propietaria de la red social en cuestión y que los proporcione de las personas denunciadas por los hechos que se consideren punibles. En el caso que nos ocupa tres empresas denuncian tráfico ilegal y vulneración de derechos de propiedad intelectual de sus contenidos y el juez ante la negativa de Telegram a dar con carácter masivo quienes lo hacen opta por el cierre de la red social.

A nosotros no nos queda nada clara si los medios denunciantes lo hicieron contra la red social o contra una serie de miembros que incurrían en delito tipificado por la legislación vigente. Si es lo primero desde luego es un atropello judicial aunque lo ampare el derecho porque ese precedente sería explosivo y si es lo segundo lo que corresponde es una multa a los empresarios rusos propietarios de la red como en Rusia sancionarían a empresarios españoles si incumplen su legislación en cualquier materia.

larazon.es: El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado suspender de forma cautelar la aplicación de mensajería instantánea Telegram a raíz de una denuncia presentada por Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus por presunto uso no autorizado de contenido audiovisual sometido a derechos de autor.

Observen: uso no autorizado de contenido audiovisual sometido a derechos de autor y no un listado de personas de las personas que hacen «uso no autorizado» por lo tanto Telegram si niega a dar datos masivos de forma tan discrecional porque sería mortal para su negocio porque una red social es un negocio. Es como si la S.G.A.E. denuncia a otra red social por lo mismo y el juez dicta que al no dar datos la red social se cierra en este país.

Por supuesto no vamos a poner en cuestión los conocimientos legales del Sr. Juez de la AN faltaría más lo que si ponemos en cuestión es la disposición cautelar que ha emitido judicialmente. El precedente que sienta sería abrir la puerta a medidas totalitarias que vulnerasen la libertad de expresión de personas que nada tienen que ver con los hechos denunciados. Además las empresas denunciantes son los que piden la suspensión cautelar mientras se investigan los hechos que el juez acepta sin entrar en daños, perjuicios, derechos y libertades de las personas y lucro cesante de la empresa propietaria. Vamos que ni tan siquiera el cierre es por sentencia judicial condenatoria que justifique medida tan drástica.

Por las redes sociales hay todo tipo de tráficos, pero todos desde los más sórdidos a los más humanitarios y solidarios porque determinadas empresas denuncien daños y perjuicios es totalmente desproporcionado cerrar el medio de comunicación, eso es aplicar lo política «muerto el perro se acaba la rabia», pero claro hay más perros ¿los matamos a todos? , ¿les decimos a los propietarios que quien no aporte los datos que la justicia solicite se le cerrará su red social en el país? pues ya nos diréis el impacto negativo que tiene para una red social que datos personales sean de libre acceso y disposición la inseguridad que genera dado que simplemente visitar a un delincuente cibernético ya nos mete en una lista.

En este caso, hablamos de algo realmente radical, ya que supone a dejar sin servicio a los ocho millones de usuarios que se aproximan tiene Telegram en España. El reporte de fallos en la red social ha aumentado llamativamente de forma que está claro que las empresas de telecomunicaciones (todas las operadoras importantes)  a las que se ha ordenado el corte están procediendo a ello para mañana probablemente no se tenga acceso a ellas salvo por VPN.

Personalmente estamos con la opinión de FACUA,  es una medida desproporcionada o un corte por lo sano, aunque doctores tenga  nuestro Derecho. Ahora cuidado porque vendrán más pidiendo lo mismo que estos medios denunciantes y con la jurisprudencia que sienta este auto de la AN porque por X sabemos lo que hay, que se hace, se dice, se habla, se sube, se baja, se plagia,  sé copia y pega, trafica, publicita, promociona, incentiva … alguien siempre podría ver sus derechos vulnerados y pedirá lo mismo

El delito es delito se esté dentro o fuera de la Internet cierto y a lugar ir a por los que lo comenten, pero si debe importar y mucho que por robar unos ejecutivos en un  banco se cierren todas las operaciones de una entidad financiera de ese banco en ese país.

ACTULIZACIÓN

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado este lunes suspender el bloqueo de Telegram a la espera de un informe policial sobre las consecuencias de esa decisión. En una escueta providencia dictada este lunes, el magistrado de la Audiencia Nacional ha pedido a la Comisaria General de Información de la Policía Nacional aclarar «la incidencia que podría tener el bloqueo sobre los usuarios» de la aplicación de mensajería instantánea. fuente