Esto no va en modo alguno de comparar hechos delictivos ni mucho menos vaya a confundir algún tonto de capirote o un recién levantado la gimnasia con la magnesia, todas la leyes, endurecimiento de penas y ayudas de todo tipo a las víctimas de una violación denunciada o no vaya por delante que son pocas, al menos servidor sería taxativo y categórico en este atentado contra la mujer, 20 años de prisión sin derecho a revisión ni salida del establecimiento penitenciario, si se le imputasen otras prisión permanente revisable; la máxima del código penal que podría ir a de 25 a 35 años.
El tema no es comparar ni mezclar tal tremendo delito contra la integridad física, psíquica y emocional de una personas con otro contra la propiedad de un inmueble pero si nos vamos a los datos fríos de los números las viviendas okupadas según INE oficiales (que son más las reales) son 16.700 que viene a ser nada , una porcentaje residual contra todo el parque inmobiliario del país, el 0.06% , los zurdos de este país pues argumentan que las fuerzas fascistas de la derecha alientan una ley antiokupa para que los desalojos de individuos que usurpan la propiedad privada de terceros haciendo uso de ella con total impunidad obligando al propietario a meses e inclusos años de espera y gastos jurídicos para que un juez con las manos atadas dicte una sentencia de deshaucio pase a ser un acto policial de inmediata ejecución (el desalojo con la correspondiente multa y/o pena de prisión y responsabilidad de daños) como en otros países europeos.
El dato frío dice que el 0.0002% de las mujeres españolas denuncian una violación y para acabar con la lacra de agresores y depredadores sexuales se activan todo tipo de políticas de protección, endurecimiento de penas , nuevas leyes más las ayudas sociales y administrativas que reiteramos están bien e incluso nos parecen escasas.
Ahora bien el 0.06% de propietarios que padecen una okupación , también dato frío residual, bien merecen una simple ley que no debiera constar más de unas escasas páginas que vengan recogido el protocolo de actuación desde que el propietario denuncie la okupación, se presente un agente judicial en el domicilio en cuestión exija las documentaciones pertinentes y se proceda al desalojo en no más de 48 horas más el pago por daños al inmueble. Si el okupa cree sus derechos vulnerados por cualquier concepto que sea él quien acuda a los tribunales de justicia para eso goza de justicia gratuita.
Es que en este asunto el grado de indefensión del propietario es máximo y el grado de protección al okupador también, cuando lo obvio es lo contrario, máximo para el propietario y ninguno para el okupador aunque tenga un contrato de alquiler pero no demuestre estar a corriente en el pago convenido de la renta. El propietario no puede ser expropiado temporalmente por parte de la administración por su aquiescencia y demoras injustificadas en la aplicación de la justicia. La administración no puede pretender que la propiedad privada de nadie pase a ser la solución habitacional de nadie.
La okupación se ha convertido en una aberración jurídica porque la administración permite un limbo legal a favor del okupador nadando en él cual piscina , al final del proceso costoso para el propietario en tiempo y dinero y lo que es peor también en salud ve como el okupa abandona su vivienda dejándola en estado de ruina sin ningún tipo de responsabilidad penal por daños y perjuicios por su manifiesta insolvencia económica. Y a por otra casa para otros cuantos meses o años si hay menores de por medio. Y todavía la izquierda populista ampara al okupador para que okupe el máximo tiempo posible y tirar de la legalidad al máximo sin la más mínima conmiseración con el propietario.
Conclusión que siendo las violaciones y las okupaciones problemas residuales con relación al total de mujeres y al de viviendas respectivamente , las consecuencias para quienes padecen ambos atentados hacia su persona o propiedad procuran daños de toda índole e incluso irreparables que aparte de secuelas pueden derivar en enfermedad, muerte y suicidio. A favor de la mujer se invierten muchos millones de euros del erario público para que frenar (lamentablemente sin éxito a la vista de las estadísticas) las agresiones y ataques sexuales, y ya no digamos de los avances sociales en violencia de género.
Pero a los propietarios de viviendas no se les ha hecho ni un simple real decreto por el cual recuperar su casa en cuestión de muy escasos días y expulsar a okupas que sin dar un palo al agua quieren y hasta exigen vivir de gratis a costa de lo que sea y de quien sea, mientras el resto de la sociedad tiene que pagar alquileres e hipotecas sobredimensionadas con relación a sus ingresos o rentas del trabajo, aparte claro está de pagar impuestos y tasas por absolutamente todo.