El Tribunal Supremo (TS) impide a la Agencia Tributaria que aproveche la vía penal para perseguir deudas de los contribuyentes ya prescritas. La sentencia, del pasado 7 de enero de la que fue ponente el magistrado Manuel Marchena, establece que una vez que prescribe el pago de una deuda tributaria, que es a los cuatro años, Hacienda no puede iniciar después una investigación por la vía penal para cobrarse la deuda.
La cuestión radica en que los delitos fiscales prescriben a los cinco años y, por tanto, la Administración aprovechaba ese año de diferencia para perseguir al contribuyente aunque, como ya no podía hacerlo por vía administrativa al haber pasado los cuatro años de prescripción, lo intenta por la vía penal.
Sin embargo, el Supremo señala que la Ley General Tributaria pone límites a la Agencia Tributaria a la hora de investigar una deuda tributaria ya prescrita. La norma autoriza al fisco solo a investigar años prescritos para determinar las cantidades a exigir en los períodos no prescritos.
A ver si hay suerte y pueden quitarle a Hacienda la práctica de muy dudosa legalidad de no incoar expediente cuando detecta fraude al contribuyente dejando pasar los años de rigor para luego sancionar por todos ellos juntos. Es decir si usted comete fraude a la AEAT esta suele en vez de incoar expediente y correspondiente sanción para cortar de raíz el fraude, dejar correr el tiempo y hacer caja de cuatro años, n el resto del mundo es al revés rápidamente sancionan al conocimiento del fraude para que el contribuyente no lo siga cometiendo. Se llama afán recaudatorio.
Esperamos que un día alguien denuncie el hecho y que a la Agencia Tributaria solo se le permita cobrar lo que adeude el contribuyente hasta el momento de la generación del fraude. Porque si a usted le sancionan por no declarar un alquiler el año uno, usted los tres años siguientes no va a cometer el mismo fraude porque sería de género tonto. En España se deja pasar para hacer la mayor caja posible.
Otra práctica controversial son las comisiones a Inspectores:
El cobro de incentivos requiere un mínimo de inspecciones al año, incluye coeficientes negativos para los expedientes que se demoran, y crece en función de su complejidad, calidad o grado de acuerdo del contribuyente. El variable supone un 25% del sueldo total pero la cuantía liquidada solo supone el 1,4%.
La Agencia Tributaria se ha visto obligada por orden judicial a hacer público uno de sus secretos mejor guardados: el sistema de bonus que cobran los inspectores de Hacienda. Según ha podido saber EXPANSIÓN
No nos oponemos a que tengan un prima convenida en casos de por ejemplo superior a 120 000 euros que ya son delito tributario que van por lo penal.
Pero que tengan primas por todo da lugar a pensar en la picaresta y el agravio comparativo con otras funciones públicas como la fuerzas de orden público y seguridad del estado que ponen nada más y menos que su vida en juego en un operativo policial contra el narco por ejemplo sin ir más lejos. ¿Esos qué? ¿la nómina y los trienios nada más?