Empate judicial, de momento, en el inicio del litigio que mantienen los gestores de Iberdrola y ACS por la reclamación de la constructora de un puesto en el máximo órgano de gobierno de la eléctrica. Iberdrola consiguió que su demanda contra el grupo dirigido por Florentino Pérez, en la que denunciaba supuestas infracciones de la normativa vigente a la hora de elaborar sus cuentas, fuera admitida a trámite por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid. Ahora, ha sido el grupo constructor y de servicios el que ha logrado que su petición supere en los juzgados de Bilbao el listón, para iniciar un proceso que desembocará en un juicio ordinario.
La vista sobre la posible adopción de medidas cautelares se celebrará el próximo mes de julio. ACS ha solicitado al juez que suspendan los acuerdos adoptados en la junta de Iberdrola, así como su inscripción en el Registro Mercantil. Posteriormente, se deberá señalar el juicio en el que se entrará sobre el fondo del asunto.
En el capítulo segundo del auto que hace referencia a la demanda de ACS, instrumentada a través de Monte Carmelo, su filial al 100%, se pone de manifiesto que «vistas las pretensiones formuladas en la demanda y sus fundamentos» el Juzgado número 1 de lo Mercantil de Bilbao «tiene jurisdicción y competencia objetiva para conocer de las mismas».
La base de la petición de ACS para impugnar los acuerdos sociales tiene como argumento central que no existe un «conflicto de intereses» con Iberdrola por su condición de accionista (controla algo más del 12%) y su negocio de energías renovables, una de las múltiples áreas de su actividad.
Fue precisamente la tesis de «conflicto de intereses» la que esgrimió el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, para que la junta de accionistas del pasado 26 de marzo aprobara el cese de José María Loizaga, designado por ACS y cuya presencia en el máximo órgano de gobierno duró poco más de 30 minutos.
El conflicto entre ambas compañías puede acentuarse. ACS ha manifestado su intención de llegar a controlar hasta el 20% del capital de Iberdrola, un objetivo que hizo público en su junta general de accionistas.
Un año para que se eliminen los derechos de voto al 10%
Una de las raíces del conflicto entre ACS e Iberdrola se encuentra en la reivindicación de la constructora de hacer valer su peso en el capital para ejercitar su voto y, sobre todo, para que su presencia en el accionariado se vea reflejada también en su máximo órgano de gobierno con, al menos, un consejero. Una de estas cuestiones, al margen de los litigios judiciales, se resolverá antes de junio del próximo año. Según la ley «antiblindaje», aprobada hace dos meses por el Congreso de los Diputados, ACS, primer accionista de Iberdrola, podrá votar íntegramente por su participación del 12,6%. Esta medida «antiblindaje» también tendrá su repercusión en Repsol. Sacyr cuenta con el 20% de su capital pero se ha encontrado con limitaciones estatutarias a la hora de hacer valer sus tesis en la junta general.