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En plena crisis económica y con un tasa de desempleo del 19,3 %para el próximo año, España no está para huelgas. Y aunque la actividad no se vaya a parar al 100%, el PIB español adelgazará un poco más. Tirando por lo bajo, si la convocatoria registra un seguimiento del 25%, España perderá, o mejor dicho dejará de producir, un 0,1% del PIB, es decir 1.209,5 millones de euros.
Asimismo, si la huelga convocada para mañana contara con un éxito de participación del 50 por ciento de los trabajadores, este detrimento del PIB alcanzaría los 2.059 millones de euros y así sucesivamente.
El principal problema es la influencia que este hecho puede tener para la delicada situación económica que atraviesa España. Según las fuentes consultadas, la huelga podría poner en peligro el crecimiento previsto por el Gobierno para este año del PIB, que se establece en el 0,3%.
Incluso los más pesimistas hablan de entrar, otra vez, en recesión.
Una historia de pérdidas
Si echamos la vista atrás, todas las huelgas se han llevado una buena tajada del PIB. La convocatoria de 1985, que fue un paro de 24 horas y fue secundada por 4 millones de trabajadores, según los sindicatos, y por sólo un millón, a juicio del Gobierno, superó los 180 millones de euros de pérdidas.
Curiosamente, el coste coincide con la de 1992, que fue parcial y la secundó el 34% de la población. Pero, sin lugar a dudas, la gran huelga fue la de 1988, cuando incluso la pantalla de las televisores de toda España se fundieron en negro, y que supuso un coste de 2.404 millones de euros.
No es sólo el Estado el que pierde capacidad económica por un día de huelga. Lo mismo les sucede a los trabajadores que secundan el paro y las compañías en las que ellos trabajan.
Aunque resulta muy difícil calcular una cifra exacta de lo que pierde un trabajador que hace huelga, ya que depende del salario y de cómo se cobre éste, se puede tomar como referencia las cantidades que supuso este concepto en huelgas recientes.
Los trabajadores y el consumo
Por ejemplo, el último paro de estas características se produjo en junio de 2002 en contra de la reforma laboral que emprendió el Ejecutivo de José María Aznar.
En aquellas fechas, Rodrigo Rato, entonces vicepresidente económico, cifró en 70 euros de media la pérdida salarial que soportaría cada huelguista.
Sin embargo, el trabajador debe tener en cuenta que ese día tampoco cotiza ni a la Seguridad Social ni al desempleo. Lo que supone una merma directa en las arcas de Seguridad Social.
No obstante, a pesar de que la convocatoria fuera un rotundo triunfo sindical, se seguiría produciendo actividad económica. Por un lado, los servicios esenciales deben funcionar de forma obligatoria: Sanidad, Educación, Transporte, etc. Además, consumirán tanto los trabajadores que no se han adherido a la huelga, como los que sí que secundan la convocatoria. De hecho, el consumo de los hogares no tendría por qué variar en todo aquello que concierne a los gastos domésticos como, por ejemplo, el consumo eléctrico, el agua, el gas…
El impacto por sectores
Sin embargo, la huelga general tendrá mayor impacto en unos sectores económicos que en otros.
Por ejemplo, el transporte de mercancías o el de pasajeros es uno de los más vulnerables, ya que están totalmente expuestos a los piquetes informativos, que podrían llegar a derivar en barricadas a las entradas de las grandes ciudades españolas. Asimismo, el sector metalúrgico, el minero, en el que se encuentra el carbón, y la construcción son, por ahora, donde se garantiza el mayor seguimiento a la convocatoria, ala que no se sumarán los autónomos, como ya anunció ATA, y gran parte del funcionariado, según se entiende de la postura del sindicato de la función pública (CSIF).
Así las cosas, pese al esfuerzo publicitario que han realizado CCOO y UGT, nada hace augurar que este paro consiga volver a dejar las pantallas en negro.