La corrupción en Canarias no es un fenómeno nuevo. En los últimos 20 años, numerosas operaciones han dejado al desnudo acuerdos ilegales entre constructores y políticos. Algunos, pocos, se han atrevido a denunciarlo. Y los que lo han hecho han recibido serios correctivos. Un ejemplo es el del expresidente del PP de Tenerife (hasta 1999) y diputado en el Congreso (1998-2000), Francisco de la Barreda, que este año ha denunciado en varios medios que un empresario le ofreció 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros) a cambio de una licencia para un centro comercial. Además, ha declarado que en 2006 avisó por burofax a Rajoy de una presunta prevaricación por la adjudicación ilegal a Endesa de un parque eólico en La Palma en 1996. Rajoy no intervino y, a día de hoy, José María Aznar cobra como asesor de la compañía 200000 euros anuales.
De la Barreda fue también quien denunció que, detrás de las amenazas y agresiones a la abogada Julia Bango, encargada de investigar la presunta recalificación ilegal de una finca de Tegueste (Tenerife), podría estar gente de su propio partido, el PP: “Ocho o diez garbanzos negros que sólo quieren amasar dinero y poder”. El cese de De la Barreda como presidente insular del PP fue fulminante… Desde que inició su investigación, Bango denunció que había recibido amenazas telefónicas. Un día, una voz le susurró lo guapas que eran sus hijas. Otro, la llamada fue más directa: “Te vamos a dejar marcada y en una silla de ruedas; abrígate, que en el cementerio hace mucho frío”. Y los avisos siguieron: un fax con tres gaviotas negras (una muerta y dos en vuelo) enviado desde la sede del PP, insultos y palizas de un motorista que la instó a abandonar la investigación, etc… De la Barreda califica la triada de matones a sueldo, políticos y constructores de “organización de carácter mafioso”.
Fuente: lamarea – 30 empresarios en números rojos