Los presuntos “acosos” a los que se han visto sometidos Ana Garrido y José Luis Peñas tras iniciarse ‘el caso Gürtel’, como otros tantos por toda España, muestran que denunciar la corrupción política desde dentro no es sencillo, pues al coste personal se une un lastre profesional para toda la vida.
Ayer lunes, en Vitoria, durante más de cinco horas, la empresaria y abogada Ainhoa Alberdi Rodríguez se ha ratificado punto por punto en su denuncia de 2009, cuando con sólo 30 años acudió con una grabadora Olympus y un puñado de ‘emails‘ a la Fiscalía de Álava para denunciar que dos dirigentes del PNV de Álava, Alfredo de Miguel y Aitor Tellería, la habían extorsionado para el pago de una comisión de 100.000 euros tras la adjudicación de un contrato en el parque tecnológico de Miñano, dirigido por el también nacionalista Alfonso Arriola.
Este ‘caso De Miguel’, fruto de la investigación encabezada por el juez Roberto Ramos, se ha extendido mucho más allá del personaje de Miñano; las comisiones presuntamente solicitadas/recaudadas por las empresas controladas por De Miguel rondan los 800.000 euros y el total de acusados en el juicio que se desarrolla desde enero en la Audiencia Provincial de Álava entre políticos, empresarios y testaferros alcanza los 26. ¿El precio? “Mi denuncia no gustó a nadie. Existen venganzas desde el principio hasta casi el día de hoy“, ha revelado Alberdi, quien ha generado intranquilidad entre los presentes en la sala tras asegurar que “una persona política me aconsejó que ya no perdiera el tiempo en presentarme a más concursos en la Administración después de lo que había hecho“
Y es que el juicio del ‘caso De Miguel’, infravalorado en Euskadi y prácticamente desconocido para el resto de España desata nuevamente la cara de la corrupción política que vive el país. Más información y articulo completo en eldiario.es
…y, por supuesto, el PNV sacando la cara a los encausados.
Se tendrá que llamar a representantes de la ONU para que en forma imparcial investiguen lo que sucedió verdaderamente el 30S. Moreno dijo que iba a recurrir a dicho organismo para combatir la corrupción y que haría la cirugía mayor a la corrupción, puro bla, bla, bla. COMO PUEDE LA FISCALÍA INVESTIGAR LO DEL 30 S SI EL FISCAL ES JUEZ Y PARTE, ademas fue acesor de Serrano quien está involucrado con los hechos del 30S como Ministro del Interior.