Esto no puede sorprender a absolutamente nadie cuando los Sres. Cuixart y Sánchez están en prisión.por la milésima o millonésima menos.
AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN DE GUARDIA
DE LA AUDIENCIA NACIONAL
El Fiscal General del Estado, en la condición de garante de la legalidad constitucional
que le reconoce el art. 124 CE y de las atribuciones que le confieren los arts. 105 y 271
LECrim, por medio del presente escrito se persona ante la Sala y formula querella por la
posible comisión de los delitos de rebelión, sedición, malversación y conexos, derivados de
los hechos y fundamentos que a continuación expone:
I
QUERELLADOS
La acción penal se dirige contra todos los que fueron miembros del Consell Executiu del
Govern de la Generalitat, en la actualidad cesados, D. Carles Puigdemont i Casamajó,
President; D. Oriol Junqueras i Vies, titular del Departamento de la Vicepresidencia y de
Economía y Hacienda, D. Jordi Turul i Negre, Conseller de Presidencia; D. Raül Romeva i
Rueda, Conseller del Departamento de Asuntos Internacionales, Relaciones Institucionales y
Transparencia; D. Antoni Comín i Oliveres, Conseller de Salud; D. Josep Rull i Andreu,
Conseller de Territorio y Sostenibilidad; Dª. Dolors Bassa i Coll, Consellera de Trabajo,
Asuntos Sociales y Familia (todos ellos diputados del Parlament catalán hasta el día 28 de
octubre de 2017); Dª. Meritxell Borràs i Solé, Consellera de Gobernación, Administraciones
Públicas y Vivienda; Dª. Clara Ponsatí i Obiols, Consellera de Enseñanza desde mayo 2016;
D. Joaquim Forn i Chiariello, Conseller de Interior desde julio 2017; D. Lluís Puig i Gordi,
Conseller de Cultura desde julio 2017; D. Carles Mundó i Blanch, Conseller de Justicia desde
enero de 2016; D. Santiago Vila i Vicente, Conseller de Cultura y desde el 3-7-2017 Conseller
de Empresa y Conocimiento, y Dª. Meritxell Serret i Aleu, Consellera de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación, en razón de las decisiones y actos adoptados en el
ejercicio de su cargo que a continuación se exponen, sin perjuicio de que la imputación pueda
extenderse a otras autoridades y cargos públicos en función del resultado que pueda arrojar en el futuro la instrucción judicial
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